El 23 de agosto fue un día histórico en Perú porque el Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad –con 113 votos a favor- la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Se trata de la primera ley de este parlamento que otorga voz a las comunidades y pueblos indígenas en las decisiones que los afectan directamente sobre sus recursos naturales. Oxfam saluda este hecho y lo considera un reconocimiento histórico a los derechos de los pueblos indígenas y al cumplimiento de normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.

La norma es fundamentalmente la misma que fuera también aprobada en el Congreso el 19 de mayo del año 2010, ley que fue observada por el ejecutivo frustrándose su promulgación en ese entonces.

Hay que precisar que esta ley fue impulsada por las grandes organizaciones indígenas del país (CONACAMI, AIDESEP, CCP, CNA, CONAP), entidades que por primera vez, decidieron sumar esfuerzos y trabajar en una agenda común para impulsar la aprobación de la ley de consulta. Este colectivo fue apoyado por una plataforma de organizaciones especializadas en temas indígenas y derechos humanos, de la que Oxfam también formó parte. Asimismo, desde este espacio -iniciado hace un año y medio-, se realizaron acciones de incidencia política, se generaron puentes con las autoridades y miembros del Congreso, así como campañas informativas para que las autoridades y opinión pública se formen una idea de la relevancia de este tema.

Eduardo Nayap, primer nativo awajún que llega al Congreso peruano, dijo que los pueblos indígenas recibieron la noticia con alegría: “Estamos celebrando que se empezará a realizar la consulta a los pueblos indígenas, bajo los lineamientos de una ley que esperemos genere diálogo y acercamiento entre poblaciones indígenas y Estado. Es un ejercicio democrático, la aprobación de esta ley es algo que el estado le debía al país”, dijo a una emisora radial local.

Por su parte Javier Jahncke, miembro de la ONG Fedepaz, contraparte de Oxfam, sostuvo que la aprobación de esta ley abre la posibilidad de un proceso de diálogo intercultural que respete los derechos colectivos de los pueblos indígenas. “Esto contribuirá a prevenir los conflictos sociales que se dan en todo el territorio peruano y construir una institucionalidad sólida que garantice sus derechos”, dijo.

Frank Boeren, director de Oxfam en Perú, asegura que esta aprobación marca un importante hito en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, pero que el trabajo no ha terminado: “Hay mucho por hacer aún desde el aspecto legal, político y social, con poblaciones que han vivido históricamente al margen de las decisiones que los afectan directamente”.

La Ley establece que el acuerdo entre el Estado y los pueblos originarios, como resultado del proceso de consulta, es obligatorio para ambas partes. Según el artículo 15 de la ley, sobre la decisión final, de no haber acuerdo entre las partes, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos. Además los acuerdos a los que se lleguen pueden ser exigidos ya sea a través de canales administrativos o del poder judicial.

En la sección de disposición complementaria final, se indica al vice ministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, como el organismo especializado en materia indígena. Según el congresista oficialista Freddy Otárola, titular de la comisión de Constitución del Congreso, la ley es vinculante porque tiene que cumplir la palabra empeñada entre comunidades y estado.

El gran desafío actualmente -en el que coinciden tanto las organizaciones indígenas, autoridades, instituciones de sociedad civil y empresas-, es encontrar consensos en la formulación y metodologías para aplicar e implementar la ley de consulta, así como para generar los mecanismos para establecer la representatividad de las organizaciones indígenas en los procesos de consulta.