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Mina Marlin: Pedido de suspensión a causa de la violencia y la contaminación

Las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en Guatemala llevan a las comunidades indígenas a buscar la suspensión de las operaciones mineras en el altiplano occidental.

November 1st, 2011 | by

Por Chris Hufstader

Los indígenas mayas del altiplano occidental de Guatemala están preocupados por los efectos sociales y ambientales de la mina Marlin, una gran mina de oro industrial en San Miguel Ixtahuacán y piden a los seguidores de Oxfam que firmen una petición animando a su Gobierno a suspender las operaciones de la mina.

Las preocupaciones sobre los derechos humanos y el medio ambiente rondan constantemente a la comunidad y la mina.

- Cuando la mina se estableció en 2005, la comunidad de Sipakapa organizó un referéndum: la mayoría votó en contra de permitir el desarrollo de la minería en su comunidad. Ni el Gobierno ni la compañía de mina Goldcorp respetan los resultados. (En 2007 la Corte Constitucional de Guatemala declaró que el referéndum no es vinculante.)

- En 2008, cuatro fondos de pensiones diferentes en Canadá y Suecia pidieron una “evaluación del impacto a los derechos humanos.” Este informe independiente encontró que la compañía no había llevado a cabo consultas adecuadas con comunidades antes de establecer la mina, una violación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y el derecho al “consentimiento previo, libre e informado (en inglés solamente).”

- En 2010 E-Tech internacional llevó a cabo un estudio de agua que recomienda una administración y monitoreo de las fuentes de agua más agresivos, así como un bono para cubrir los costos de limpieza después de cerrar la mina.

- Un 2010 un estudio de salud ambiental realizado por expertos de la Universidad de Michigan, la Universidad de Illinois y Physicians for Human Rights encontró metales pesados en los ríos aguas abajo de la presa de relaves y pidieron vigilancia permanente.

- En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de “medidas cautelares” que piden al Gobierno guatemalteco suspender la minería en Marlin, mientras que el Gobierno realiza investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos y la contaminación.

- Las Naciones Unidas confirmó recientemente que la mina no examinó adecuadamente sus planes con la población local cuando se estableció: “…el proyecto Marlin no fue consultado con las comunidades indígenas”, dice James Anaya, un Relator Especial designado por la ONU para analizar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país. Su informe fue publicado en junio de 2011.

- Un nuevo análisis de costo-beneficio realizado por el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Global de la Universidad de Tufts considera que el Gobierno de Guatemala está recibiendo una proporción relativamente pequeña de la ganancia de la mina: 42 por ciento del total de los ingresos, que es “sustancialmente menos que las mejores prácticas en la minería mundial.” La mayor parte de los ingresos y ganancias “fluye hacia el extranjero hacia la empresa y sus accionistas.” Las comunidades locales, dice el informe, “soportan un 100 por ciento de riesgo ambiental”. Y concluye que: “…los beneficios económicos de la mina para Guatemala y especialmente para las comunidades locales… son escasos y de corta duración.”

- Quince miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al Presidente Colom de Guatemala, instándole a suspender inmediatamente las operaciones y atender las inquietudes de las comunidades indígenas afectadas por la mina.

    La mina Marlin ahora produce más de 300.000 onzas de oro al año.

    Los conflictos y la violencia

    Los críticos de la mina en Guatemala y expertos internacionales piden al Gobierno y a la minera Goldcorp que acepte las medidas cautelares emitidas por la CIDH y suspenda las operaciones en la mina. Es una situación arriesgada para la población local: Amnistía Internacional ha observado casos de palizas y amenazas de muerte contra los miembros del Frente de Defensa de San Miguel (FREDEMI). Miembros de la comunidad también informan de tiroteos e intentos de tiroteos contra los críticos de la mina. Aniceto López, un coordinador que trabaja para FREDEMI fue golpeado en febrero de 2011, junto con Miguel Ángel Bámaca, un agricultor y promotor de salud pública.

    La inseguridad es “lo peor que afecta a nuestra comunidad”, dice Bámaca, a quien también la dispararon una noche en julio de 2010, en el exterior de su casa. Como muchos otros miembros de FREDEMI, no se siente seguro de identificar públicamente a sus agresores. Dice que quienes le desean mal “saben lo que hacemos, donde vivimos, cuando nos reunimos… saben todo,” dice Bámaca. “¿Quién nos ayudará? El Gobierno, los tribunales y la policía no nos están ayudando. ”

    Además de las preocupaciones sobre el medio ambiente y la seguridad, el pueblo Maya Mam que vive en el área considera a la minería industrial como una falta de respeto hacia su religión y su cultura, que adora a la naturaleza y la madre tierra. “Nuestra espiritualidad, nuestra visión es que hay armonía entre la naturaleza, el pueblo y Dios, estamos juntos y hay equilibrio en nuestras vidas”, dice Maudilia López, una mujer indígena que trabaja para la Iglesia Católica en San Miguel Ixtahuacán. “Esta actividad minera pone nuestros valores culturales en peligro”.

    Acción en defensa de los derechos indígenas

    Después de que la CIDH dictó medidas cautelares instando al Gobierno a suspender las operaciones en la mina Marlin, el Gobierno inicialmente acordó hacerlo y más tarde afirmó que no tenía suficiente evidencia de daños ambientales, violaciones de los derechos humanos. Oxfam America está recogiendo firmas en una petición electrónica instando al Gobierno a suspender las actividades de la mina Marlin e investigar las violaciones de los derechos humanos y problemas ambientales vinculados a la mina.