Para ambas coaliciones, este ha sido un paso importante en el reconocimiento de dos derechos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población de El Salvador, donde en algunos municipios el promedio de desnutrición excede el 40%, y el agua potable llega a 48.4% de la población rural.

Para la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, esta aprobación constituye un paso importante en la dirección de contar con un marco legal que garantice el derecho a la alimentación como un derecho fundamental y de obligaciones al Estado para regular en esta materia.

“Para la vida de las mujeres rurales se abre una puerta para luchar por la aprobación de una ley que garantice  la  seguridad y soberanía alimentaria con enfoque de género y que contribuya a mejorar la calidad de vida muchas mujeres, niñas y niños, que viven en desnutrición” dijo Vidala Coto, vocera de las organizaciones de la Alianza.

Asimismo, constituye una oportunidad para promover la participación de las mujeres rurales en la discusión de las políticas y programas sectoriales, que permitan reducir las brechas de disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada entre hombres y mujeres. De acuerdo a PNUD, solo el 12% de la propiedad de las tierras está en manos de mujeres, siendo esta una condición que debe cambiarse si se busca garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación con enfoque de género.

La reforma constitucional aprobada tiene que ser ratificada todavía por la nueva Asamblea, que asuma cargo en mayo de este año. Por el amplio respaldo de los diferentes partidos políticos a la reforma, se espera que la ratificación se dé sin problemas.

La aprobación de la reforma ha sido un logro importante que guarda una estrecha relación con la Campaña global de Oxfam, CRECE, que fue lanzada en junio 2011. En El Salvador, dos ejes importantes de trabajo de la campaña son:

- Alimentación como un derecho y no un mercancía;

- Las mujeres al centro de las soluciones: Justicia alimentaria, conlleva justicia de género.

Para ver noticias relacionadas visite los siguientes links:

http://www.contrapunto.com.sv/politica-nacionales/acceso-al-agua-y-alimentacion-son-reconocidos-en-la-constitucion

http://www.contrapunto.com.sv/derechoshumanos/fao-desnutricion-afecta-mas-a-ninos-en-el-salvador

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/65377/2012/04/19/Por-ley-el-Estado-debera-proveer-agua-y-comida-para-todos-

http://www.uca.edu.sv/noticias/nota.php?texto=586566146

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/258976-incluyen-el-derecho-al-agua-en-la-constitucion.html

http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/reforman-constitucion-para-incluir-derechos-al-agua-y-alimentacion-adecuada

http://www.estrategiaynegocios.net/2012/04/20/parlamento-salvadoreno-incluye-derecho-al-agua-en-constitucion/

Las mujeres organizadas en la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales realizan diferentes acciones de incidencia para que las políticas públicas tengan enfoque de género, entre ellos marchas y entrega de cartas a la Asamblea. (Foto: Oxfam)

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Ante un escenario polarizado en casos vinculados a sectores extractivos y frente a un creciente riesgo de que se agudicen los conflictos socioambientales en algunos puntos del país, Oxfam estima conveniente expresar lo siguiente:

1. Oxfam invoca al Gobierno peruano a buscar una solución de fondo y estructural a los crecientes conflictos socioambientales del país. Es importante que en estos momentos el Gobierno cumpla cabalmente con su deber de representar los intereses de peruanas y peruanos y actúe guiándose por el bien común, a través de instituciones sólidas y planes estratégicos de desarrollo. En ese contexto, es clave consolidar una institucionalidad ambiental y social, que genere confianza en las regiones en cuanto a las decisiones que se tomen en materia de inversiones extractivas.

2. Oxfam apoya una actividad minera formal que posea altos estándares de calidad ambiental, respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente y cuente con la confianza y licencia social de las comunidades donde vaya a operar. Además, considera que hay mucho camino por recorrer y estándares ambientales y sociales por elevar, como lo demuestra la situación de daño a la salud y al medio ambiente que ha sufrido la población de La Oroya por muchos años, debido al desamparo ambiental y a los incumplimientos de la empresa Doe Run Perú.

3. Oxfam rechaza toda actividad extractiva (sea formal o informal) que no respete el medio ambiente, los derechos humanos y los principios del desarrollo sostenible. En ese sentido deplora el intolerable desastre ambiental generado por la minería ilegal en Madre de Dios, Puno y otros puntos del territorio nacional, e insta al Gobierno a redoblar esfuerzos para generar políticas sólidas de fiscalización que eviten que estas situaciones se extiendan a otras zonas del país.

4. Oxfam se opone a cualquier tipo de violencia y cree firmemente que las diferencias deben solucionarse por el camino del diálogo. Concretamente en el caso del proyecto minero Conga y el conflicto social surgido en torno suyo, Oxfam exhorta al Gobierno peruano a promover un verdadero proceso de diálogo, donde la prioridad sea restablecer la confianza entre las partes involucradas, sin imponer fechas o agendas particulares, como punto de partida para lograr un auténtico entendimiento de largo plazo.

5. Asimismo, Oxfam invoca a las autoridades regionales y locales de Cajamarca a retomar el diálogo, escuchando, resolviendo las dudas de la población y, buscando el bienestar de quienes los eligieron. Esto no representa limitar sus derechos a decidir sobre sus circunscripciones y recursos.

6. Oxfam invoca al Gobierno peruano a formular políticas de largo plazo que permitan que la inversión pública y privada se realice en una forma armoniosa con la biodiversidad y las dinámicas sociales y culturas de las poblaciones indígenas y campesinas. En esa línea, impulsar políticas económicas alternativas, que reduzcan la fuerte dependencia del país con el modelo extractivista vigente, constituye una prioridad.

7. Finalmente, Oxfam espera que la promulgación de la Ley de Consulta y su respectivo reglamento se conviertan en una herramienta para transformar los conflictos, generando inclusión y participación, en especial de las comunidades campesinas e indígenas del país, tantas veces postergadas y olvidadas  en los procesos que van a  definir directamente su desarrollo.

Lima, 15 de abril del 2012

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Amaro ha vivido toda su vida en La Oroya Antigua, zona que se ubica a muy pocos metros de la fundición y la más golpeada por los gases tóxicos. Hoy, el clima de amenazas y hostigamientos que recibe, ha llevado a Rosa a vivir a salto de mata, entre La Oroya y Jauja, en Huancayo, siempre buscando seguridad.

“Somos víctimas de una especie de terrorismo blanco”, dice Rosa. Y es que en La Oroya el ambiente es hostil para los defensores ambientalistas, tienen que enfrentarse a diferentes flancos, como: volantes, panfletos, una radioemisora reproduce sin ninguna responsabilidad ofensas y amenazas constantes contra la familia de Amaro y otros luchadores sociales de la zona, cuyo contenido promueve la violencia y agresión. Cuenta Rosa que incluso la emisora radial incita a sus oyentes y a los trabajadores para que llamen por teléfono a la radio sólo para insultar.

Amaro describe el hostigamiento como feroz. “Llaman también por teléfono, insultan. Nos dicen ‘salgan de La Oroya porque los vamos a matar’, ‘vamos a quemar sus casas’”, narra Amaro. Esto lo escuchó en uno de los últimos mítines organizado hace un par de semanas por los trabajadores de Doe Run. “No podemos salir a la calle, y la situación es hoy más intensa por la presión social en La Oroya para se reabra la fundición”, dice.

Durante años, la familia de Amaro vivió secuestrada por los gases tóxicos que emitían las tres chimeneas activas del complejo. El esposo de Rosa, Clemente Galarza, de 62 años, dice que la contaminación se sentía con mayor intensidad en periodos de helada. El gas que salía por la chimenea bajaba y “la garganta te ardía, te provocaba toser, te daban dolores de estómago”, señala.

Era 1998 y Moisés -hijo de Rosa-, tenía 5 años y 58 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. Cuando Rosa Amaro recibió este resultado decidió que tenía que hacer algo. Primero lidió con los constantes dolores de estómago de su hijo, sus calambres, su contextura delgada. Luego se integró al MOSAO. Ese era el camino para salvar a su hijo.

Moisés tiene ahora 18 años. Llevar el apellido Amaro ha sido un estigma para él, desde pequeño lo separaban de los grupos. Cuando Doe Run repartía regalos había gente que le decía con ironía: “tú tienes plomo, por qué no vas al hospital a curarte”. ¿Crees que has crecido con muchas desventajas?, le preguntamos. Moisés responde que sí. Su escuela quedaba al lado del complejo metalúrgico y hasta hoy puede recordar claramente el intenso olor de los gases, la picazón en su garganta, puede recordar que cuando pasaba la mano por la pared de su salón se le manchaba de polvo negro, y que las bolitas de polvo se le adherían a la ropa como planchones de caspa. A los 17 años empezó a tener dolores en los huesos, “como si me pusieran dentro de una refrigeradora”, dice Moisés. Comenzaron los calambres, la intensa fatiga con los que parece condenado a vivir.

Su madre piensa en las otras madres de La Oroya que temen que las enfermedades que sufren sus niños tengan que ver con la contaminación con plomo. “Hay muchas personas en La Oroya Antigua que no gozan de un Seguro de Salud. El costo de un examen de plomo cuesta 80 soles que no es cubierto por nadie. No es justo”, dice Amaro.

“La empresa tiene dinero, está pagando el 70% del sueldo de sus trabajadores, entonces tiene la capacidad (los recursos) para completar el PAMA con la construcción de la planta de ácido sulfúrico… no estamos en contra de que el complejo sea reabierto, pero la empresa tiene que cumplir con sus compromisos ambientales”, dice Amaro. “Nadie niega que está en riesgo el trabajo de las personas que laboran en la fundición pero es más importante el cuidado de la salud, tanto de sus trabajadores y de la población”, agrega con énfasis.

En los últimos meses se han intensificado los insultos

Rosa Amaro y su esposo Clemente relatan que en muchas oportunidades han sido perseguidos por las calles. En los últimos meses los ataques se han vuelto permanentes y sistemáticos.

Amaro recuerda que “cuando hubo una reunión en el sindicato de los trabajadores, al finalizar la reunión hombres y mujeres vinieron por la calle 2 de mayo y bajaron por la calle Callao (La Oroya Vieja), y cuando yo me encontraba saliendo de mi domicilio para dirigirme la oficina de la ONG Filomena Tomaira escuche a uno de ellos decir “ella es”, “vamos “, y yo no supe que hacer en ese momento solo corrí para tomar cualquier carro y salir del lugar”.

A lo largo de estos años, las aproximadamente 5 ó 6 veces que Amaro y otros miembros del MOSAO han intentado pedir garantías al Subprefecto o Gobernador de La Oroya, no han obtenido ningún resultado, ya que al presentar la denuncia, les han pedido datos para identificar a los agresores (nombres y apellidos completos, DNI, dirección, entre otros) y muchas veces estos actúan en grupo y es difícil identificarlos. Es decir que ninguna de las solicitudes han sido aceptadas debido a que las pruebas solicitadas son difíciles de conseguir.

“No queremos más niños con plomo. Tampoco queremos empresas irresponsables que no cumplan con sus obligaciones ambientales. Queremos inversión, sí, pero inversión responsable y comprometida con el desarrollo social”, de esta forma finaliza el video.

Ocho personalidades entre artistas, periodistas e intelectuales han unido sus voces para aparecer en el video de sensibilización La Oroya por un Cambio. El músico Julio Pérez, vocalista de La Sarita, el actor Gianfranco Brero y Gustavo Bueno, el periodista Guillermo Giacosa, el ilustrador “Carlín” Tovar, la bailarina Pachi Valle Riestra, compartieron cámaras con el historiador Antonio Zapata,la periodista española Emilia Laura Arias, premio Manuel Castillo de divulgación sobre Cooperación y Paz 2012 (España), y la ciudadana de a pie, Flor Chávez para hacer un llamado al Congreso y al Ejecutivo sobre los riesgos que implicaría que el complejo metalúrgico de Doe Run Perú vuelva funcionar en La Oroya.
Han sido varias las razones por las que los artistas se sumaron a la realización del video. El actor Gianfranco Brero dijo que no sólo se solidariza con el pueblo de La Oroya sino con cualquier otra población que sea víctima de la contaminación de empresas irresponsables que dañen al ambiente y al ecosistema. “No sólo estoy en contra de Doe Run, estoy en contra de cualquier empresa minera formal o informal, como lo que ocurre en Madre de Dios, que esté atentando contra el medio ambiente”, dijo. El conocido caricaturista Carlos Tovar dijo, además, que decidió sumarse a la iniciativa porque el de La Oroya es un problema nacional, porque “no se puede permitir que Doe Run siga pasando por alto las reglas del Estado. Me solidarizo con la población de La Oroya, con los afectados de la contaminación, con  los niños que están intoxicados con plomo y espero que esta situación no vuelva a repetirse”.
Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, quien presentó el spot con la actriz Delfina Paredes, sostuvo que: “En coordinación con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, nos hemos comprometido en acompañar el cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares de los afectados por la contaminación en La Oroya. Es importante que el Ministerio de Salud cumpla con atenderlos adecuadamente como así lo ha ordenada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que en la situación de tensión entre el derecho al trabajo y a la salud que existe en La Oroya debe prevalecer el derecho a la vida”.

Vea el video aquí.

Esta es la chimenea que por años contaminó con plomo, cadmio y dióxido de azufre la ciudad de La Oroya. (Foto: Oxfam América)

1.  Oxfam no financió dicho manual y sus autores no pertenecen ni han pertenecido a nuestra institución. En la  publicación en cuestión está claramente establecido quiénes son los autores, a qué instituciones pertenecen y cuáles son las instituciones responsables de la misma: Global Response y Minnesota Global Justice Project. En la página 28 del manual se menciona a Oxfam entre una lista de instituciones que dan información sobre el impacto de la minería y apoyo a comunidades afectadas, pero en ninguna parte del documento se señala o se deja entrever que Oxfam ha financiado el citado manual.

2. Oxfam rechaza esta campaña difamatoria que daña el prestigio de nuestra institución e induce mal intencionadamente a un error.

3. Oxfam no se opone ni se ha opuesto nunca a la minería formal y sostenible, que respete los derechos de las personas y sus recursos naturales. En esa línea, Oxfam ha apoyado procesos de diálogo entre compañías mineras y comunidades locales.

4.  Oxfam es y ha sido explícito en señalar que rechaza toda actividad extractiva que no respete el medioambiente, los derechos de las personas y un desarrollo sostenible. Oxfam se opone a toda actividad económica que vulnere esos principios básicos del desarrollo. Esto incluye a la minería ilegal, la cual, actuando de espaldas a la normativa peruana, ha depredado bosques y destruido ecosistemas.

5. Oxfam se opone a cualquier tipo de violencia pues cree firmemente que las diferencias deben solucionarse a través del diálogo.

Lima,  20 de marzo  2012

Perú ya ha tenido algunas experiencias positivas de consulta que deben tomarse en cuenta. Foto: Cecilia Niezen/Oxfam

Expertos de Australia y Bolivia presentan experiencias de consulta previa en sus países

En el marco de la reglamentación de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios del Perú, Ley N°29785 y,buscando colaborar con su proceso de implementación, Oxfam presentó experiencias prácticas, metodologías y herramientas que han sido útiles en otros países. “Compartimos las experiencias de consulta en proyectos hidrocarburíferos de Bolivia y proyectos mineros en Australia, buscando aprendizajes desde estas experiencias”, señaló Frank Boeren, director Oxfam en Perú.

Perú ya ha tenido algunas experiencias positivas de consulta que deben tomarse en cuenta. Javier Aroca, coordinador regional del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, señaló que junto con sus aliados y contrapartes, Oxfam ha apoyado procesos de diálogo y consulta en proyectos vinculados a las Industrias Extractivas. Se trata de la experiencia de Tintaya que empezó en el 2001 y que tres años después logró un acuerdo favorable para las comunidades del entorno del proyecto minero. Asimismo, citó la experiencia de la ordenanza regional de San Martin  en materia de derecho a la consulta de los pueblos indígenas impulsada en los últimos años. “Ambas experiencias son ejemplos concretos de cómo hacer la consulta a los pueblos indígenas y demuestran quese pueden lograr consensos entre diferentes actores¨, dijo.

Experiencia boliviana

Iván Bascopé presentó algunas experiencias de Bolivia en el tema. Bolivia es un país primario exportador de gas y, como en Perú, varias zonas de su territorio están concesionadas a empresas extractivas. El sector más avanzado en materia de consulta en ese país es hidrocarburos, mientras que el sector minero está en una etapa inicial y no cuenta con una normativa a favor del derecho a la consulta.

En Bolivia existe una legislación de hidrocarburos que reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en las áreas que se vean directamente afectadas por un determinado proyecto de este sector. A nivel constitucionalse reconoce también como población a consultar a las comunidades indígenas del área indirecta a un proyecto.

La experiencia de Bolivia plantea retos sobre la claridad técnica que se requiere para saber a quién y cómo consultar. El proceso de consulta lo desarrolla directamente el gobierno central a través del Ministerio de Hidrocarburos que tiene un área de gestión socioambiental y un viceministerio encargado de velar por el procedimiento. El proceso de consulta en materia de hidrocarburosse inicia con un acta de entendimiento entre las partes y termina con el acuerdo final.

Entre las lecciones aprendidas en Bolivia,Bascopé menciona que la consulta previa debe orientarse a prevenir los daños e impactos medioambientales, que los pueblos indígenas deberían tener su propio protocolo de consulta y llegar a acuerdos antes de la consulta previa, que los funcionarios que lleven a cabo la consulta deben respetar las formas tradicionales de participación y tomas de decisión de los pueblos y que se les debe dar información adecuada y completa.

Uno de los casos donde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) participó en un proceso de consulta es en Charagua Norte, en Santa Cruz, en el proyecto de “Perforación Exploratoria de los Pozos Tajibo X-4, Aimiri X-1001 y Tacobo X-1003, Campos Tacobo y Tajibo del Bloque San Isidro”. En este caso se ejerció de manera efectiva la aplicación y el ejercicio del derecho a la consulta previa. La realización de la consulta al pueblo indígena guaraní constó de 7 fases, desde abril a noviembre del 2011 y la comunidad logró que el Estado desarrolle el proceso, estableciendo mecanismos apropiados a su cultura, desarrollo y autodeterminación. Este caso marcó una ruta al Estado boliviano de cómo desarrollar un proceso efectivo de consulta.

Bascopé sugiere que el equipo de funcionarios del Estado que participe en la consulta incorpore a ingenieros ambientales, antropólogos, sociólogos y comunicadores sociales que informen previamente a la población sobre  lo que se va a debatir en la consulta. “El reglamento del proceso de consulta debe ser claro. Debería hacerse un inventario social, cultural y ambiental del pueblo indígena y a partir de ello hacer una ruta de etapas hasta firmar el acta del proceso final”, dijo.

Experiencia australiana

El abogado australiano Mark Rumler resaltó aprendizajes y experiencias de su país, que pueden ser útiles en el contexto peruano, como la consideración de algunos mecanismos que permiten operativizar el derecho al consentimiento. Uno de estos aprendizajes es el referido a la firma de un acuerdo en la etapa de concesión minera por parte del  Consejo de Tierras, una instancia australiana que vela por los intereses de  los pueblos indígenas.

El Consejo de Tierras se forma para  determinar y expresar los deseos y opiniones de los pueblos aborígenes que viven en el área donde surgen actividades extractivas. La función del Consejo de Tierras es la de asistir a las poblaciones aborígenes para que puedan decidir sobre un proyecto extractivo minero bajo el marco normativo. Esta institución, señala Rumler, es clave en los procesos de consulta de Australia.

Las comunidades en el norte de Australia tienen el derecho a dar o no su consentimiento en la etapa de concesión, y este resultado se mantiene y respeta con la firma de un acuerdo, que continua hasta las siguientes etapas de la actividad extractiva. En concreto, las compañías que operan en el territorio norte de Australia, aceptan el resultado del proceso de consulta y consentimiento. De acuerdo con Rumler, estos procesos de consulta y consentimiento no han ahuyentado las inversiones vinculadas a sectores extractivos en el territorio norte de Australia. Por el contrario, Rumler afirma que los mineros se han convertido en aliados y socios genuinos en los procesos de desarrollo.

1.    Oxfam es y ha sido explicito en señalar que rechaza toda actividad extractiva que no respete el medioambiente, los derechos de las personas y un desarrollo sostenible. No apoyamos actividades económicas que vulneren esos principios básicos del desarrollo, incluyendo a la minería informal e ilegal, la cual, actuando de  espaldas a la normatividad peruana, ha depredado bosques y destruido ecosistemas.

2.    Oxfam quiere precisar que no financia a la Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). La última vez que Oxfam financió un proyecto de esta organización fue hace diez años, en 2002, y en aquella oportunidad el financiamiento se destinó justamente a un proyecto que tenía por objetivo la defensa y protección de los territoritos indígenas contra los impactos de la minería informal.

3.    Oxfam rechaza las versiones que pretenden vincularlo con actos de violencia. Promovemos que las empresas extractivas de cualquier tipo estén legalmente obligadas a respetar los derechos humanos y que los ciudadanos y comunidades expresen sus puntos de vista y ejerzan sus derechos sin hacer uso de la violencia. Oxfam cree firmemente que las diferencias deben solucionarse a través del diálogo.

Lima 08 de marzo 2012

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