Oxfam hace un llamado para que se investigue y sancione a los responsables de torturar a 28 comuneros en la mina Majaz
09 02 2009
Los comuneros que participaron en una marcha pacífica fueron torturados en Agosto de 2005; ahora se han hecho públicas fotos que respaldan la veracidad de su denuncia.
Entre el 1 y el 3 de Agosto de 2005 veintiocho comuneros fueron secuestrados en las instalaciones de la Minera Majaz y sometidos a torturas.Desde entonces han seguido un largo proceso para lograr ser escuchados y que estos hechos sean investigados y sancionados. Su denuncia ha cobrado más fuerza a partir de que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Fedepaz, organizaciones peruanas contrapartes de Oxfam, hicieran públicas fotos que demuestran la veracidad de la misma.
Diversas organizaciones peruanas están demandando que se aceleren las investigaciones de estos hechos, Oxfam se une a este llamado para que se esclarezcan las acusaciones y se sancione a los responsables. "Pedimos que las autoridades tanto del Ministerio Público como de la Policía desarrollen las investigaciones y brinden la información necesaria", señaló Javier Aroca, coordinador de Industrias Extractivas de Oxfam Internacional en el Perú. "Es fundamental que acusaciones de este tipo sean esclarecidas y los responsables sancionados para asegurar el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la solución pacífica a los conflictos sociales", agregó.
Los hechos
En Julio de 2005 más de cuatrocientos comuneros se reunieron para hacer una marcha pacífica de varios días a las instalaciones de la compañía minera Majaz, hoy Río Blanco, en el norte del país. Esta compañía, originalmente de capitales británicos, buscaba explotar cobre en una zona de bosques de neblina altamente vulnerable.
Los comuneros que participaron en la marcha venían de Piura, de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta, y también de Cajamarca, en concreto de Jaén y San Ignacio. El propósito de la marcha era pacífico y se aseguraron de que nadie portara armas, sólo los machetes que necesitaban para abrirse paso en la maleza. Ellos protestaban por la instalación ilegal de la compañía minera en sus tierras y porque les preocupaban los impactos que esta mina podría tener en el medio ambiente y en sus proyectos de desarrollo agrícola.
De acuerdo con el informe presentado por la Coordinadora de Derechos Humanos y Fedepaz, los comuneros esperaban llegar a la mina y ser recibidos por una comisión de diálogo. La noche previa a su llegada, cuando pernoctaban en un campamento a tres horas de distancia de la mina, los comuneros fueron rodeados por helicópteros que les echaron gases lacrimógenos. Poco después, policías entraron al campamento y quemaron sus enseres, sus alimentos y sus medicinas.
El 1 de Agosto de 2005, los cuatrocientos comuneros llegaron hasta las inmediaciones del campamento de la empresa minera Majaz. En lugar de ser recibidos por una comisión de diálogo fueron atacados. Melanio García, uno de los comuneros que participó en la marcha pacífica, murió un día después como consecuencia de la bala que lo alcanzó. Por lo menos cuarenta personas resultaron heridas. Los comuneros huyeron llevándolos al Centro de Salud de Carmen de la Frontera sólo para descubrir que éste había sido evacuado y que allí no había nadie que los pudiera atender. Mientras tanto, veintiocho de ellos fueron capturados por la policía y conducidos al interior de la compañía minera. Allí permanecieron secuestrados durante tres días: les quitaron la ropa, les cubrieron las caras con bolsas, los rociaron con gases lacrimógenos, los insultaron, los golpearon, a las dos mujeres que formaban parte del grupo las amenazaron con violarlas. Al tercer día, por fin, los dejaron ir.
La denuncia se hace pública
Inmediatamente después de ocurridos los hechos, los comuneros los denunciaron. Sin embargo, el médico legista expidió un certificado con datos falsos que no registraba las torturas, y el fiscal no hizo la denuncia. Peor aún, los comuneros secuestrados y torturados fueron acusados de terrorismo e investigados por esta causa.
En Junio de 2008 la Coordinadora de Derechos Humanos y Fedepaz, ambas organizaciones peruanas, presentaron una denuncia ante la fiscalía provincial de Piura contra los agentes de policía que participaron, la compañía privada de seguridad Forza, el médico legista y el fiscal. En las últimas semanas la veracidad de esta denuncia se ha hecho aún más evidente al publicarse fotos que muestran a los comuneros dentro de las instalaciones de la empresa, rodeados por la policía y por agentes de la compañía privada de seguridad Forza. En ellas son visibles los síntomas de la tortura y el maltrato a los que fueron sometidos.
Frente a estos hechos tanto el Primer Ministro del Perú como la Ministra de Justicia se han pronunciado señalando su rechazo y pidiendo que se investigue el caso. Sin embargo, hasta el momento la policía no ha cumplido con alcanzar los nombres de los policías que participaron. La compañía Río Blanco, actual propietaria de la mina, también ha hecho público su pedido para que se investigue el caso.
Oxfam se suma al pedido para que se aceleren las investigaciones y las autoridades, tanto de la Policía como de la Fiscalía, brinden toda la información y el apoyo necesario. "También es necesario que cese el hostigamiento al que estos dirigentes han sido sometidos durante los últimos años.", remarcó Aroca. "No es admisible que en una democracia las personas sean secuestradas, torturadas, perseguidas simplemente por expresar su opinión y plantear sus preocupaciones. Estamos convencidos de que lo que se requiere es encontrar canales de diálogo institucionales, y principalmente que se respeten las leyes y normas que rigen en el país si se quiere evitar los conflictos y lograr un desarrollo equitativo".
